LA VÍA DE LA MOVILIZACIÓN I

La acción política de los gobiernos para enfrentarse a la especulación financiera global es una especie de juego de la piñata, en el que van cayendo sucesivos jugadores por no acertar con las medidas que se proponen para contrarrestar el endeudamiento de Estados y particulares.

Desde los años 70, la gran promesa de las políticas neoliberales aplicadas en los países europeos, tanto desde gobiernos conservadores o socialdemócratas, se ha cimentado en el crecimiento económico y en la quimera del llamado "progreso o desarrollo". Para ello, y para poder superar cada una de las sucesivas crisis cíclicas padecidas en estas décadas, la herramienta o el recurso económico utilizado ha sido el endeudamiento.

Ambas alternativas de gestión política sobre el mundo económico abrazaron las recomendaciones de sus patrones, los financieros-especuladores. Primero a través de reducir la presión de las políticas fiscales, seguros de que las migajas que se desprendieran del enriquecimiento del capital bastarían para conseguir que esas quimeras se mantuvieran vivas, a la vez, que aguantaban los sistemas de prestaciones sociales en los llamados Estados del bienestar; Segundo en reducir los déficits públicos, o lo que es lo mismo, el peso de la intervención del Estado en la economía a base de privatizar servicios y empresas públicas, como única forma de contrarrestar la falta de ingresos y el déficit público tras cada episodio crítico de la economía de mercado.

La expansión del crédito en detrimento del ahorro ha sido la consigna para la administración económica, pública y privada en Occidente. La sociedad de consumo a pleno rendimiento, estimulada por ese crédito, generaba la demanda necesaria para que la economía funcionara en los parámetros previstos de crecimiento sostenido y baja inflación, control y bajada de tipos de interés, etc. Eso sí, a cambio de expoliar las materias primas y energéticas del planeta, degradar el medio ambiente hasta producir el llamado cambio climático y someter a miles de millones de personas a la hambruna y la miseria absolutas.

Ante la crisis financiera global, originada por la incertidumbre que ese macro endeudamiento ha producido, la desconfianza se ha adueñado de la economía global y, con ello, de la sostenibilidad de las economías locales. Los países periféricos de Europa, aventajados alumnos de esta estrategia, han visto como se desplomaba su ficticio nivel de vida, y lo ilusorio de la convergencia con los Estados-nucleo de la Unión. Hoy, ya no son estos países los que tienen tasas más altas de crecimiento, sino de paro. Sus poblaciones, que participaron alegremente de esta orgía, por la que se devoraba su futuro sin apreciarlo, gastaron tanto en aquél presente que generaron la gran duda de cómo se podría pagar mañana lo que se había consumido ayer.

Instalados hoy en esta encrucijada de factores, las respuestas posibilistas comunes a los políticos de uno y otro signo han sido: Asumir los costes del endeudamiento privado que repercuten en la viabilidad de las Entidades de Crédito (los bancos), socorriéndolos con ayudas multimillonarias para mantener su liquidez y la “confianza entre ellas”; Continuar con una baja presión fiscal; Establecer por los Estados un nuevo endeudamiento para poder financiar la costura de estos descosidos, un endeudamiento que se encuentra muy por encima de los límites recomendados por los patronos, con lo que se ha generado más desconfianza e incertidumbre, abriéndose una nueva oportunidad de negocio para los insaciables (mercados) especuladores.

Llegados a este momento lo que realmente está en riesgo en nuestros países es el mantenimiento del Estado de Bienestar, de las prestaciones y servicios públicos conquistados en muchos años sobre la base de grandes esfuerzos sociales. Hoy estos servicios públicos son vistos como los nuevos yacimientos a privatizar para ser adquiridos por las compañías multinacionales, una vuelta de tuerca más en detrimento de la soberanía de los Estados por parte de las grandes corporaciones que dominan el mundo.

Ilustra este proceder cómo el gobierno socialdemócrata griego toma las mismas posiciones que el conservador portugués o irlandés, o el italiano adopta medidas muy parecidas a las aplicadas por el gobierno español. No hay diferencias en las recetas para atajar este problema y todas ellas están contribuyendo más bien a posponerlo, dilatándolo en el tiempo, no a solucionarlo, porque, en gran medida, quienes las proponen se han convertido también en parte del mismo.

Con todo ello se considera esta una situación excepcional, y así lo parece por los análisis de economistas y políticos que circulan en los mentideros de la mansedumbre, las medidas a adoptar deberían ser también excepcionales. No es este el caso, y las opciones que se plantean son:

• Los partidos socialdemócratas creen que cooptando con el sistema bancario y aumentando su endeudamiento van a poder obtener créditos y liquidez para costear el mantenimiento de los servicios públicos, y poder evitar la quiebra electoral y política. Una opción inviable por las tasas de endeudamiento que ya se arrastran y la prima de interés que hay que abonar, cada vez más elevada, por la nueva deuda emitida. Además, el aumento del déficit de todas las comunidades autónomas contrarresta la disminución del mismo que se ha producido desde la administración del Estado, lo que da pie a que las agencias de calificación de deuda bajen la calificación de la deuda española, aumentando la prima de riesgo y, con ello, empeorándose aún más la situación.
• Para la derecha, la opción para reducir el déficit es directamente prescindir de la titularidad de servicios públicos esenciales privatizándolos, como los aeropuertos, transportes, vías de comunicación, y reducir los Servicios sanitarios y otros servicios públicos, ya sea mediante el cierre de parte de los mismos o el copago.

En cualquier caso, para  ambas opciones políticas, las propuestas pasan por recortar prestaciones sociales, desde lo relacionado con las pensiones (el Decreto-Ley recientemente aprobado que minora las cuantías de las mismas, aumentando para su cálculo los años de cotización y la vida laboral), reducir los subsidios de desempleo en cuantía y tiempo, las prestaciones por dependencia y otras prestaciones sociales.

Ningún partido político se plantea otra alternativa, u otro tipo de medidas excepcionales y, por la tanto, radicales, de entre las cuales tendrían que contemplarse muchas que exigen recortes drásticos que afectan al funcionamiento del Estado, mejorando su eficacia y eficiencia, y que sin recortar servicios tienen que afectar sin dudarlo a sus señorías.

Entre otras muchas, sin duda, cabe contemplar, por un lado medidas económicas a corto plazo que: afecten al aumento de la presión fiscal sobre las rentas del capital; restablecer impuestos como el de patrimonio; nacionalizar bancos en quiebra técnica y establecer una Banca Pública que genere crédito en sectores e iniciativas productivas viables; aumentar impuestos en las transacciones financieras; perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida junto con la evasión de capitales a paraísos fiscales;  reducir drásticamente los gastos militares y la participación en misiones de guerra como Libia y Afganistán.

Además, otras medidas que contrarresten la corrupción política y profundicen en el control democrático,  reducoendo el gasto en las administraciones públicas, revisando la organización del Estado (desde el papel de las Diputaciones Provinciales hasta el agrupamiento de municipios en Mancomunidades para la prestación de servicios comunes); la revisión de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; la reducción del peso de las administraciones como soporte instrumental de gobiernos en favor del mantenimiento y aumento de los servicios directos al ciudadano; la homologación de sueldos, pensiones, etc. de todos los políticos con el resto de ciudadanos evitando privilegios y discriminación; la adaptación de la ley electoral ajustando la representatividad a criterios proporcionales equiparables en todo el territorio del Estado, con listas abiertas; la revisión de mandatos y reducción del número de diputados en todos los parlamentos; la posibilidad de ejercer referéndum vinculantes para todas aquellas cuestiones a adoptar que no fueran contempladas en programas electorales y que afecten a la mayoría de la población; la adaptación del código penal en lo relativo al tratamiento de conductas vinculadas con la corrupción política (aumento de penas, períodos de deshabilitación, etc.).

Si vamos hacia la quiebra que sea por méritos propios y en el terreno que más convenga a los intereses colectivos, no para mantener los privilegios de especuladores, banqueros y de aquellos políticos corruptos.