LA IMPOSICIÓN COMIENZA EN LA EDUCACIÓN

Durante los últimos treinta años la situación de la educación en España es un claro exponente o reflejo de la escenificación política, de como la transición y la posterior democracia no han cumplido con las expectativas puestas en su momento por la mayoría de la ciudadanía en este ámbito y como, en el intercambio bipolar del bipartidismo, se nos muestra el fracaso del propio sistema al no proveerse, ni siquiera, de un acuerdo elemental en esta materia de tanta trascendencia para todo el país.

 En este sentido podemos considerar dos grandes factores que determinan la inestabilidad del sistema educativo y condicionan los resultados que este ofrece:

1. Las tensiones originadas por la descentralización de la gestión en las Comunidades Autónomas y en especial en aquellas con lengua propia, en las que se fundamenta en gran medida la consolidación de su propia identidad.
2. El tratamiento de la religión en el curricula según las distintas reformas legislativas.

La construcción de un nueva estructura del estado que atendiera y colmara las sensibilidades y expectativas de las distintas identidades nacionales exigió, además del esfuerzo descentralizador de la gestión de los recursos públicos en esta y otras materias, la armonización de intereses que se nos manifiestan como contrapuestos porque son originados por la antítesis que genera el intento de consolidación de distintas identidades en un espacio cultural común. De tal modo que cada una de las Autonomías Históricas ha utilizado su propia lengua para reforzar su identidad y no, precisamente, en el marco de un equilibrio complementario de bilingüismo que favorezca la cohabitación en el espacio escolar, sino en el de priorizar el idioma vernáculo sobre el español en todos los órdenes de lo público, incluida la escuela.

 Pero, en la misma medida en que se delegaron competencias para adaptar el curricula en algunas materias en las distintas Comunidades Autónomas a sus propias singularidades, además de las referidas al idioma, el Estado Central no ha considerado nunca que la cohesión de la llamada nación española también implicaba asumir los hechos diferenciadores de aquellas Comunidades, entre ellos y por toda su importancia sus propias lenguas, que al ser un patrimonio común merecen dicho tratamiento en los hechos y no sólo en las intenciones. Quiere esto significar que tanto el catalán y el euskera deberían haberse tratado por el Estado como lenguas susceptibles de aprendizaje al menos en algunos Centros Educativos de cualesquiera otras Autonomías, además de poderse usar como lengua común no sólo en el Senado, sino también en el Congreso de los Diputados, así como favorecer su aprendizaje entre el funcionariado de dichas instituciones y de todas las Administraciones Públicas, autonómicas o municipales. Porque no es de recibo, bajo un elemental principio de igualdad, exigir la protección del español en esas Comunidades Históricas frente a su propia lengua sin presentar a cambio la promoción de su lengua y su cultura en el resto del Estado.

 En este contexto y llegados a las cotas de soberanía exigidas en dichas Comunidades, con independencia de su alcance real y posible apoyo social, la lengua se troca como un instrumento de diferencia y no de cohesión, como un déficit que enfrenta y no como un haber que aproxima. Y así el modelo educativo sustentado en el idioma, soporte fundamental de la docencia y del aprendizaje, se convierte en vector de disparidad para consolidar el enfrentamiento político.

 Con relación al segundo factor antedicho, la influencia de la Iglesia católica en el ámbito de lo público, y en relación con “la izquierda” socialista, la cuestión debe enmarcarse en el conjunto de estrategias negociadas en su día con el régimen franquista que sentaron las bases para su apertura. 

En este sentido, las cuestiones económicas y geoestratégicas fueron abrazar tanto el “libre mercado” como el ingreso en la OTAN, aunque su eslogan electoral fuera de “entrada NO”. No hubo, como contrapartida a ambas “claudicaciones”, la exigencia en los pactos realizados de establecer un marco jurídico de Estado aconfesional, que garantizase y contribuyera a resolver el secular problema de la intromisión pertinaz de la Iglesia Católica en las cuestiones de Estado. No despejar esta incógnita entonces fue, sin duda, uno de los errores más graves de la Izquierda en su conjunto, para haber podido establecer las bases que despejaran el camino para abordar con éxito la cuestión educativa. 

 Conviene precisar que en la vida pública, sin serlo de facto, la Iglesia católica ejerce en España el mismo papel que un partido político, no se presenta en las elecciones pero tiene diputados en las Cortes y el Senado y, como un sindicato, es capaz de movilizar a las familias en torno a sus tesis y contra el gobierno de izquierda de turno. En esta tesitura sólo la debilidad en la derecha, al perder electoralmente, ha permitido que la izquierda pudiera legislar sobre aquellas cuestiones demandadas por importantes sectores de la población como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual, la igualdad de la mujer y la introducción de la asignatura de la educación para la ciudadanía, etc. Es necesario recalcar al respecto que las decisiones tomadas al legislar ias por los gobiernos socialistas no han sido imposiciones sobre todas las personas en cada una de esas materias (interrumpir el embarazo no es una obligación para todas las mujeres embarazadas, el matrimonio homosexual tampoco parece que sea una obligación para todas las parejas y la asignatura de religión se mantuvo en los centros públicos de manera voluntaria para los alumnos). Esa es la gran diferencia al legislar sobre estas materias entre la izquierda y la derecha. La izquierda amplía derechos para sectores de población, la derecha, con la concurrencia y amparo de la Iglesia católica, primero cercena esos derechos y luego impone sus obligaciones éticas y morales...

 Pero volviendo al centro de la cuestión, y aún siendo así, la izquierda representada por el PSOE, ha tenido siempre, cuando ha gobernado, un comportamiento complaciente y connivente con los intereses de la Iglesia, participando de sus liturgias, paseado en sus procesiones bajo sus palios, financiado generosamente su sostenimiento, exonerándole además de impuestos y tributos, en una estrategia que ha intentado, con relativo éxito, comprar el silencio episcopal o, al menos, minimizar su histórica beligerancia hacia el laicismo, confiando, por su parte, en el paulatino desgaste que dicha institución podría tener, tanto por la propia dinámica social -por la incidencia cada vez mayor de valores éticos y morales alejados del ideario religioso- así como, por su propio inmovilismo y decadencia interna, lo que coadyuvaría hacia una mayor invisibilidad social y, por ende, a mermar su capacidad de influencia. 

Ahora bien, precisamente por esos factores, fruto de la connivencia entre el poder político y la Iglesia, ésta ha reaccionado, no sólo para mantener su privilegiada posición de influencia, sino además para ocupar los espacios que, con la timorata ambivalencia mantenida desde la izquierda durante los últimos años, fueron ocupados en lo social por lo secular y lo laico. 

 Hoy, de nuevo y ya con la derecha en el poder y con mayoría absoluta, la Iglesia ha impuesto tanto la asignatura de religión en el curricula escolar, la segregación por sexo en las aulas y la penalización legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Con ello, el fundamentalismo católico ha vuelto por sus fueros y los del palio y la peineta ya pueden dormir más tranquilos porque sus hijas aprenderán catecismo en el aula y podrán ir de nuevo a abortar a Londres.